Con el resultado de la segunda vuelta y el retorno de la vieja derecha a La Moneda, se cierra una etapa de la vida política nacional. El fin del ciclo de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia marca el inicio de una nueva fase en la crisis general del país, amortiguada durante 20 años de cogobierno entre la vieja y nueva derecha.

Consejo Nacional de Comités Comunistas

Las causas del relevo en el mando de la nación, expresado en la derrota electoral de la derecha concertacionista, son responsabilidad absoluta del bloque de gobierno, que ha permanecido durante las últimas dos décadas al frente de la conducción del país tras la salida del dictador. A esas causas se sumó la deserción cómplice de la dirección del viejo partido comunista, sustentada en una parte de sus militantes divorciados de la matriz filosófica y moral construida por los fundadores del pensamiento y acción comunistas.

La Concertación negoció y pactó  en secreto con el militarismo –uniformado y civil-, en las ocultas negociaciones propiciadas por los EE.UU. a mediado de los años 80, los acuerdos que culminaron con la salida pacífica de Pinochet desde La Moneda y el arribo de la nueva casta a la administración de la versión neoliberal del viejo sistema capitalista.

Fue la fórmula para contener la creciente rebeldía popular, que amenazaba con desbordar el marco impuesto a sangre y fuego por la dictadura y alcanzar un tipo de democracia superior, dominada por la participación de las fuerzas populares.

A partir de entonces, la Concertación traicionó y ocultó su propio programa, con el cual conquistó  el enorme apoyo que la llevó a derrotar en las urnas a la dictadura. Desconoció sus compromisos con la ciudadanía, de terminar con el decreto ley de amnistía (auto amnistía) de 1978 e instauró el concepto de “justicia en la medida de lo posible”. No revisó las múltiples privatizaciones de empresas públicas realizadas por el régimen de facto, ni anuló las efectuadas en los últimos días de aquel, como consignaba su programa. Tardó más de una década en poner fin al rol tutelar del Consejo de Seguridad Nacional (CONSUSENA), dominado por las Fuerzas Armadas. Nunca se la jugó por terminar con la ley Reservada del Cobre, que entrega el 10% de las ventas del mineral a las instituciones de la Defensa Nacional, nunca realizó esfuerzos serios para terminar con el sistema electoral binominal y nunca intentó terminar con la Constitución de 1980 fraguada por la dictadura, la cual después de levísimas modificaciones, cuenta con la firma del ex presidente Ricardo Lagos, junto a la del dictador.

Pero además, el gobierno de Eduardo Frei R-T sepultó la investigación del millonario fraude conocido como los Pinocheques, que involucraba al dictador y su familia y luego –en misión finalizada por Ricardo Lagos-, rescató al tirano de manos de la justicia internacional que se disponía a procesarlo por crímenes de lesa humanidad, ante la esterilidad de los tribunales chilenos.

La Concertación, tras llegar al gobierno, se desvinculó de la movilización popular que la llevó a superar a la dictadura en la contienda política. Hizo creer que ya no era necesario continuar luchando para instaurar una democracia avanzada, que con ellos en el Ejecutivo estaba asegurada la construcción de un orden justo en todos los planos. Aplicó desde entonces un conjunto de medidas que generaban el efecto de avance político y social, en materias de salud, actividad cultural, Derechos Humanos, ámbito este último, en que existen unos 300 procesados por miles de crímenes cometidos -una ínfima porción de los autores y cómplices-, pero no han sido llevados ante la justicia los autores intelectuales, varios de los que hoy ocupan altos puestos en el Parlamento y se aprestan a ingresar a La Moneda, ni muchos de los autores materiales, cómplices y encubridores.

En el campo económico, donde luce sus mejores resultados, la Concertación privatizó más empresas públicas que la propia dictadura; entregó al capital transnacional el 70% del cobre y firmó un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que deja el país atado de pies y manos frente a la maquinaria económica y financiera del imperio, lo que sólo se podría anular mediante la transformación de la Constitución.

Para los trabajadores se siguió  aplicando en esencia el mismo Código Laboral urdido por el régimen dictatorial en beneficio de los grandes empresarios y grupos económicos, mentores de éste. Propició una creciente flexibilidad laboral, generando condiciones de inestabilidad y mala calidad en los empleos, como también un seguro de desempleo vergonzoso, bajo la justificación de que era preferible eso a no contar con nada. El movimiento sindical fue atomizado por las prácticas claudicantes de la CUT, transformada en departamento de gobierno para frenar el descontento creciente de los trabajadores, un verdadero amortiguador de la conflictividad surgida de los asalariados. Durante estos 20 años de gobiernos concertacionistas, la mayoría de los trabajadores no tiene derecho a negociación colectiva, derecho a huelga ni derecho a organizar sindicato.

La Concertación instauró una política de criminalización de la protesta social, que tiene su máxima expresión en la militarización del territorio mapuche, en la represión a los estudiantes secundarios y trabajadores subcontratados, así como en el sofocamiento violento de cada manifestación contra los abusos, exigencia de derechos consagrados incluso por Naciones Unidas o de luchas reivindicativas. Estas prácticas iniciadas desde el 11 de marzo de 1990 han causado la muerte de 50 personas a manos de integrantes de la fuerza pública y mantienen en prisión a otras 49, principalmente comuneros mapuches o ciudadanos ligados a esa causa.

La Concertación comenzó su alejamiento del pueblo desde el primer día de sus 20 años de gobierno. Trató de “reencantarlo” con medidas populistas y lo consiguió parcialmente en algunos momentos. Pero el que la derecha le haya arrebatado el gobierno, solamente con el 29% de los votos correspondientes a todos los chilenos en edad de sufragar, y que el candidato oficialista alcanzara el 27%, refleja una realidad más compleja y grave todavía. Existe un 44% de ciudadanos en edad de votar, compuesto por no inscritos, por quienes se abstienen y quienes votaron nulo o en blanco, como muestra de repudio o indiferencia, pero que en cualquier caso resta legitimidad a la elección de las autoridades del país.

Frente a la nueva etapa que se abre en la vida nacional, los Consejos de Comités Comunistas estamos llamados a perseverar en nuestros esfuerzos por construir, junto a todas las fuerzas revolucionarias y auténticamente progresistas, un verdadero proyecto alternativo para nuestro pueblo. No habrá democracia en Chile en tanto perdure la institucionalidad heredada de la dictadura y el sistema económico capitalista al que protege.

Para los comunistas de los consejos, el presente exige continuar organizándose y organizando al pueblo. Continuar estudiando y hacer conciencia entre los trabajadores sobre su enorme poder transformador.

Los comunistas, organizados en comités y consejos, nos rebelamos hace algunos años frente a la conducta obsecuente con los gobiernos de la Concertación sostenida por la dirección del viejo partido comunista, entregado hoy por completo al conglomerado oficialista que se desmorona.

Nos organizamos como oposición franca a la Concertación –la nueva derecha- y hoy asumimos esta nueva situación como la continuación de nuestra lucha en condiciones de recambio en el gobierno de turno conquistado por la derecha vieja. Este retroceso es consecuencia de lo pactado a mediado de los años 80 entre la Concertación naciente y el militarismo, como también de la complicidad de la cúpula de la vieja organización de los comunistas chilenos.

Para los Consejos Comunistas el mayor y principal deber radica en impulsar la rebelión de los trabajadores y todo el pueblo, para terminar definitivamente con la institucionalidad dictatorial todavía imperante. Es prioritario emprender en el marco de la más amplia unidad, la lucha por establecer un salario mínimo de $ 350.000, la derogación del artículo 161 del Código del Trabajo (despido por necesidad de la empresa), instaurar el pleno derecho a sindicalizarse, negociar colectivamente y ejercer la huelga cuando resulte necesario; defender la Educación Pública y convocar una Asamblea Constituyente Popular que elabore una nueva Carta Fundamental para nuestro país.

Durante la campaña presidencial, la Concertación fomentó el miedo al advenimiento de un gobierno de derecha. Los comunistas de los consejos, invocamos la indignación de los trabajadores y el pueblo contra el inaceptable juego político de los poderosos. Llamamos a convertir la indignación en rabia, conciencia, organización y lucha.

Con la Razón y la Fuerza, Venceremos